Las asociaciones fotovoltaicas entregan hoy en el Congreso de los Diputados 10.000 cartas de productores afectados por los recortes "retroactivos" incluidos en el real decreto 1565/2010 de noviembre y en el real decreto ley 14/2010 del pasado 23 de diciembre, anunciaron los dirigentes de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF).
En un encuentro con la prensa organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), el presidente de AEF, Juan Laso, mostró su confianza en que los partidos políticos rechacen la semana próxima el real decreto ley en el Congreso o al menos acuerden tramitarlo como proyecto de ley para "introducir modificaciones que lo hagan más llevadero".
Las asociaciones fotovoltaicas han anunciado una campaña de recursos ante todas las instancias posibles, incluida la Comisión Europea, contra el real decreto de noviembre, en el que se reduce a 25 años el periodo de percepción de primas, y contra el real decreto ley de diciembre, en el que se limita en cerca del 30% el número de horas con derecho a retribución.
El vicepresidente de AEF, José Luis Martínez Martín, explicó que en los recursos, algunos dirigidos al Tribunal Supremo, "no hay posibilidad de pedir cautelares" para detener de inmediato la norma y que, en el caso del decreto de noviembre, las demandas se entregarán antes del 24 de enero, que es la fecha límite de dos meses para recurrirlo.
COLAPSO ADMINISTRATIVO.
Además, pronosticó un "auténtico colapso administrativo" a partir de septiembre, que es la fecha en la que cerca de 50.000 plantas habrán superado el límite de horas con derecho a prima, empezarán a sufrir problemas económicos y comenzarán a presentar recursos individuales.
Por otro lado, Laso reclamó que, para las instalaciones futuras, el Gobierno permita la instalación de 500 megavatios (MW) anuales, muy por debajo de los 2.500 MW de 2008, pero el doble de los 250 MW actuales. Estas nuevas plantas, como ya se contempla, pueden funcionar con primas menores, ya que los costes de producción del sector han caído un 70% en apenas dos años.
Este recorte a las futuras plantas, explicó, no puede aplicarse a las antiguas, las del real decreto 661/2007 y afectadas por los decretos "retroactivos", ya que las instalaciones anteriores tienen "un coste hundido" y no han sido "repotenciadas", precisamente porque el Gobierno, lejos de permitir esta opción, la ha relacionado con el fraude en el sector.
EL FRAUDE FOTOVOLTAICO.
Sobre la cuestión del fraude, Martínez Martín se mostró partidario de acabar con cualquier irregularidad y lamentó que el Ejecutivo "no haya hecho nada para perseguirlo", pese a aprobar el real decreto sobre trazabilidad en el que se establecen las bases para ello. "¿Por qué no está desarrollando los reales decretos?", se preguntó.
"Las acusaciones de fraude son el gran sofisma del sector energético, en las que se nos presenta como piratas y timadores, cuando nosotros somos los principales interesados en combatirlo", afirmó el vicepresidente de AEF, quien se mostró partidario de "haber reducido el coste de la fotovoltaica" a través de la lucha contra las supuestas irregularidades, en vez mediante el recorte de primas.
En esta línea, Laso aseguró que "desde abril se lanzó una campaña terrible en la que las renovables han pasado de ser el eje de la política del Gobierno al culpable del déficit de tarifa". Además, reiteró su queja de que la fotovoltaica, que supone un 10% del coste del sistema eléctrico, ha tenido que asumir el 60% de los recortes. (EUROPA PRESS)
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