Por ahora, la tarea se cumple

Actualmente el mundo tiene la mirada puesta sobre los gases refrigerantes. Los indicios que arrojan una relación directa entre dichas sustancias y el deterioro de la capa de ozono, además de su aporte al calentamiento global, impulsaron la firma de acuerdos y protocolos para iniciar una eliminación gradual de algunos compuestos, adicional a la transición hacia otros más “ecológicos”.

Entre dichos acuerdos y tratados que se firmaron con fines ambientales están los protocolos de Montreal y Kioto, firmados en 1987 y 1997, respectivamente. El primero busca proteger la capa de ozono mediante el control de la producción de ciertas sustancias destructoras de la misma, mientras que el segundo tiene como objetivo reducir en un 5,2%, para el período de 2008-2012, las emisiones de gases con efecto invernadero, sobre la base de 1990. Vale decir que ambos tratados atañen directamente a los refrigerantes, ya que los gases tienen tanto potencial destructor de la capa de ozono como potencial de calentamiento global.

Lo anterior llevó a la adopción de medidas, como se dijo anteriormente, conducentes al control y sustitución de algunos compuestos, principalmente aquellos conocidos como CFC (fluorocarburos) por sustancias como los HCFC y los HFC.

Más allá de entrar en detalles relacionados con el proceso de control en la producción de los compuestos prohibidos, el propósito de esta nota es conocer las acciones que se han tomado en algunos países latinoamericanos para controlar la circulación y comercialización de algunos de los principales gases en cuestión: los CFC 11 y 12, así como el HCFC 22. Para tal motivo consultamos a directivos en la Unidad Técnica de Ozono, de Colombia; Fondoin – Fondo de Reconversión Industrial-, de Venezuela; y Conama -Comisión Nacional del Medio Ambiente-, de Chile.

Lo encontrado en las entrevistas es, de algún modo, esperanzador.

¿Estricto cumplimiento de la norma?

Siempre se ha visto Latinoamérica como una región muy tropical en lo que respecta al seguimiento y adopción de regulaciones. Las particularidades del propio mercado hacen difícil monitorear si en realidad las leyes internacionales en materia ambiental se están cumpliendo completamente.

Los comentarios aportados por los profesionales se inclinan hacia la adopción de regulaciones por parte de sus países, pero coinciden en que hay un problema que no se ha podido erradicar del todo: el contrabando de sustancias, así como el ingreso de refrigerantes prohibidos etiquetados como sustancias de libre operación y utilización.

En Colombia la entidad encargada de estos elementos es la Unidad Técnica de Ozono (UTO), adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Su director nacional, Jorge Enrique Sánchez, habló sobre la adopción de la norma en este país.

En su opinión, Colombia comenzó de manera tardía la adopción de estas regulaciones y se refirió concretamente al tema del protocolo de Montreal. “Se adoptó en 1992, cinco años después de su firma. En Colombia se inició normativamente en el año 1994, que es cuando inicia labores la UTO, lo que indica que pudimos ser de los últimos países de Latinoamérica en legalizar el acuerdo”, dijo. En contraste, agregó que la tardía implementación de la legislación se vio compensada con un fuerte compromiso por parte de la industria e indicó que los fabricantes de sistemas de refrigeración fueron casi de los primeros actores en exigir la colocación de una legislación adecuada para el compromiso, pues sentían que en un momento podían resultar afectados con que el país no estuviera en consonancia con las leyes ambientales internacionales.{mospagebreak}

En Venezuela, la entidad encargada del tema es la Unidad Técnica de Ozono, del Fondo de Reconversión Industrial, Fondoin. Gianfranco Ruggiero y Pedro Sallent, Jefes de la entidad, afirmaron que Venezuela asumió los compromisos de forma temprana, en contraste con lo ocurrido en Colombia. “Venezuela firmó el convenio de Viena en 1985 y el protocolo de Montreal en 1987, con lo cual asumimos el compromiso para eliminar las sustancias que agotan la capa de ozono desde un principio. En el ámbito nacional también se han adoptado múltiples medidas, como la adopción de la protección de la capa de ozono dentro de la constitución de la república y se impulsó la legislación que permitiera garantizar el cumplimiento de esta normatividad internacional”, aseguraron.

Chile hizo lo propio en marzo de 1990, ratificando el Protocolo de Montreal así como cada una de sus enmiendas. Según explicó Jaime Ugalde, director de comunicaciones de Conama, “entre las actividades desarrolladas bajo el marco del Programa País se encuentran diversos proyectos de reducción y eliminación del uso de SAOs (sustancias agotadoras de la capa de ozono), en áreas tan diversas como las cámaras de esterilización de hospitales, procesos de fabricación de espumas aislantes y de equipos de refrigeración, los sistemas de climatización automotriz y la búsqueda de alternativas al uso de bromuro de metilo para fumigar suelos. Todo ello complementado con actividades de capacitación tanto para técnicos en refrigeración, como para los funcionarios de aduanas que controlan el ingreso de estas sustancias a Chile. Asimismo, hay en ejecución campañas de difusión y de sensibilización pública”.

Algunas medidas adoptadas

Un aspecto importante expuesto por los profesionales entrevistados son las medidas que cada país ha implementado para cubrir el espectro de los refrigerantes, tanto desde la parte de legislación como de capacitación con los técnicos, que son quienes en últimas están en contacto con los gases y quienes deben conocer en detalle como manipularlos. Cada país ha hecho diferentes acciones en esta dirección, aunque en sí no difieren mucho.

En Colombia, por ejemplo, con fondos del Protocolo de Montreal se inició un programa de reconversión en el área de refrigeración comercial, así como todo el segmento de fabricación de espumas de poliuretano doméstico. “Actualmente en Colombia no se producen ni se importan refrigeradores domésticos, comerciales o industriales, así como sistemas de aire acondicionado, ni vehículos con estas sustancias; podemos afirmar que están cerrados todos los sectores, proceso que terminó en 2007”, comentó Sánchez.

Venezuela, por su parte, detuvo la producción de CFC 11 y 12, para lo cual se procedió a indemnizar a las empresas que se dedicaban a dicha actividad, todo con ayuda del fondo multilateral del protocolo.

Chile, para apoyar la eliminación de CFCs en el sector de refrigeración y espumas, ejecutó entre los años 1995 y 2005, el Programa de Financiamiento a la Conversión Tecnológica en dos fases (denominadas TECFIN I y TECFIN II), hecho que permitió eliminar 537,54 ton. PAO de CFC-11, CFC-12 y R-502, en los sectores de refrigeración y espumas, a través de la entrega de un subsidio a la reconversión de las 31 mayores empresas productoras del país.

También, desde el año 2003 se viene implementando en Chile el PMR (Plan de Manejo de Refrigerantes), el cual consta de cuatro módulos, siendo el primero diseñado para fortalecer la capacidad nacional de fiscalización de las regulaciones; el segundo busca fomentar la aplicación de las Buenas Prácticas en Refrigeración (BPR); el tercero corresponde al programa de recuperación y reciclaje de refrigerantes; el módulo cuatro corresponde a la realización de una campaña para llegar masivamente a la población y sensibilizarla sobre la importancia de eliminar los CFC.{mospagebreak}

R 12 y R 22, bajo la lupa

Son muchas las acciones que se han adoptado internacionalmente sobre este tipo de compuestos. Vale recordar que compuestos como el R 11 y el R 12 tienen completa prohibición en su uso desde 2001, mientras que sustancias como el R 22 están en proceso de prohibición y transición. Es pertinente entonces la pregunta de qué está pasando en estos países con tales sustancias.

Vale indicar que el R 22 fue tratado durante la última reunión del Protocolo de Montreal, por lo cual a partir de 2009 no se deben fabricar equipos nuevos que utilicen dicha sustancia. Además, en 2013 comenzará el verdadero programa de control que implica la fijación de parámetros de disminución partiendo de una base establecida en los años venideros; esta medida no aplica sólo para el 22 sino también para el 141 b y el 123.

En Colombia, por ejemplo, aún existe consumo de CFC, pero exclusivamente en el sector de mantenimiento de refrigeradores viejos fabricados antes de 1997. Para este sector, el gobierno necesita permitir el ingreso de esta sustancia. Para controlar de algún modo su manipulación, el gobierno está adelantando un programa de asesoría para los técnicos de mantenimiento en el que se les explica cómo recuperar refrigerantes agotadores del ozono. “Tenemos un programa con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- para certificar estos técnicos con base en competencias laborales, pero también hacemos mucha difusión”, contó Sánchez.

Pero hay otro problema que puede llevar a que los esfuerzos que hagan las instituciones quede en nada y es el contrabando. Colombia ha enfrentado este problema en la zona norte, donde las características de la frontera hacen un poco difícil su control. Para esto, las autoridades aduaneras cafeteras han estado recibiendo asesoría por parte de una institución llamada Environment Canada, por lo cual se dotan los funcionarios colombianos de equipos para que detecten los contrabandos técnicos. No obstante, hay un contrabando que es más rudimentario y que Sánchez calificó como difícil de manejar, pues para él, desde que haya demanda afuera y sea un buen negocio siempre va a haber alguien que lo ingrese ilegalmente.

En Venezuela la política gubernamental se ha inclinado igualmente por la capacitación de los técnicos, así como de los funcionarios de aduana ante un creciente contrabando de sustancias prohibidas. “En muchos países se ha establecido un comercio ilícito de dichas sustancias, lo cual ha afectado los procesos de reconversión. Esto se observó fundamentalmente en el año 2000, pero afortunadamente en la actualidad estos procesos están siendo controlados y los funcionarios están cada vez más capacitados para detectar este tipo de irregularidades”, explicó Ruggiero, ante la particularidad que se presentaba en Venezuela donde la mayor parte del contrabando entraba por las aduanas.

En lo que respecta al R 22, Venezuela -dijo Pedro Sallent- se ha adelantado y entre 2004 y 2005 comenzó la implementación del plan nacional de capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración, dirigido a los técnicos que tienen en el mantenimiento de sistemas su fuente de sustento. En este programa, los técnicos pueden comprender las características de estas sustancias y cómo pueden manipularlo adecuadamente, respetando las fechas establecidas internacionalmente de acuerdo con su uso. “Este es un curso de 32 horas que se dicta en tres días; mencionamos el plan de entrenamiento por que si bien su razón de ser era la eliminación progresiva de los CFC, Venezuela desde un comienzo contempló que no sólo estos compuestos preocupaban sino que también se debía tener cuidado con los HCFC, en este caso el R 22, pero también con los HFC como el R 134 a”, aseveró Sallent.{mospagebreak}

Para cuantificar, en la actualidad se tienen cerca de 2600 técnicos capacitados en este programa y se ha llegado prácticamente todo el territorio nacional.

La política chilena en este sentido es muy similar a lo que se está haciendo en Colombia y Venezuela. Jaime Ugalde comentó que “en el caso de Chile, de acuerdo al Protocolo de Montreal, el R-22 recién se empezará a controlar en 2013, año en el que se congelarán las importaciones al nivel promedio de los años 2009 y 2010. Dicho control será aplicado para la reducción gradual del uso de los HCFCs, siendo prohibidos totalmente a partir del 01 de Enero del 2030”.

Infortunadamente, para esta nota no fue posible conseguir la participación del organismo ambiental mexicano, la Semarnat. En artículos anteriores hemos podido reunir datos sobre lo que está haciendo este gobierno, que es bastante interesante en materia ambiental y de refrigerantes.

Por lo pronto, se puede afirmar que el panorama “pinta” de manera positiva en Latinoamérica, de acuerdo con lo conseguido en las entrevistas presentadas. Será  importante seguir monitoreando este proceso y que las agencias gubernamentales que aún no han implementado este tipo de programas se esmeren en hacerlo. Esperamos, desde este medio, presentar próximamente más información al respecto.