Internacional. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y Seprona de la Guardia Civil realizaron recientemente una operación que descubrió la exportación ilegal y la gestión irregular como residuo peligroso de unas 10 toneladas de gas refrigerante R-22 por parte de una empresa ubicada en Valencia, España, que pretendía exportarlos a Panamá como gases regenerados.
La Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías (Aefyt) de España se manifestó ante este suceso, explicando que esta operación ha sido posible gracias a los mecanismos establecidos en Europa para controlar el uso o comercio de estas sustancias a través del sistema de expedición de licencias (ODS Licensing System) y de las comunicaciones obligatorias para las empresas que comercializan gases refrigerantes. “Una de las demandas del sector del frío para luchar contra el tráfico ilegal de gases refrigerantes es el refuerzo de los mecanismos de control aduaneros, así como el incremento de las sanciones. Esta operación es una muestra de la necesidad de seguir por este camino para detener las actividades de los traficantes”, dijo Roberto Solsona, presidente de Aefyt.
Otras de las medidas que se sugieren desde el sector tienen relación con la mejora de los sistemas vigilancia de HFC en países exportadores, la prohibición del uso de los cilindros no desechables y la mejora de la transparencia del sistema de cuotas. En España, la aplicación el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI) ha supuesto un incentivo añadido a la compra ilegal de gases refrigerantes ante el incremento del coste de los mismos.
Las dimensiones del problema no dejan de crecer desde que la Unión Europea aprobó las restricciones a la comercialización y uso de gases refrigerantes de alto PCA (Potencial de Calentamiento Global). El estudio “Puertas abiertas: el floreciente comercio ilegal de hidrofluorocarburos en Europa” de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA) indica que el tráfico ilegal de este tipo de refrigerantes creció en 2018 en un 16%, lo que supone 16,3 millones de toneladas de CO2-equivalente distribuidos ilegalmente en la Unión Europea.
Otro caso en Europa señaló que la policía polaca interceptó un alijo de 25 toneladas de refrigerantes ilegales –R13A, R404A y R410A- por valor de casi 600.000 euros y las autoridades búlgaras han encontrado 96 cilindros con 1.123,2 kilogramos de R134a y R404A. En lo que respecta a la operación de la Guardia Civil, ésta habría supuesto un beneficio económico de entre medio millón y un millón de euros, además de casi 17.000 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera.
Fuente: Aefyt.
Deje su comentario