La discusión parte del entorno en el que nos estamos moviendo en los últimos días. Por un lado estamos cerca de la entrada en vigencia de la regulación que prohibirá vender equipos de CVAC/R precargados con R-22 virgen. Adicional a lo anterior, hay varias regulaciones que están exigiendo, principalmente en California, que los fabricantes de equipos de enfriamiento y refrigeración deban ceñirse a ciertos parámetros de diseño de sus soluciones, los cuales garantizarán el cumplimiento de las leyes de eficiencia energética del estado.
Sobre los temas anteriores han surgido toda clase de comentarios que denuncian que las medidas mencionadas tendrán efectos negativos, tanto en las empresas productoras de soluciones que usan este tipo de refrigerantes, como para los fabricantes que cumplen con las regulaciones de diseño para ajustarse a la eficiencia energética. El tema es que por el lado de los refrigerantes aún no hay una definición clara del término “fecha de fabricación” y si este se refiere a la fecha de producción de la solución o si habla de la fecha de instalación. En cualquier caso la norma tendría implicaciones diferentes. En lo que respecta al diseño de las soluciones para que se adapten a las leyes energéticas, el problema pasa por que no todos cumplen las normas y eso deja a los “obedientes” en franca desventaja.
Toda esta discusión que se presenta en Estados Unidos debe servirnos para preguntarnos por el rol de Latinoamérica en todo este embrollo. Por un lado, ya por lo menos tenemos claro qué procesos coyunturales se están presentando frente a estos dos importantes temas y podemos adelantarnos a tomar las decisiones adecuadas que favorezcan la industria.
No menos importante es que la industria debe unirse y consolidarse para evitar el agosto de aquellos que no cumplen con las normas, pues no es para nada justo que las compañías que invierten en investigación y desarrollo, por ejemplo, deban perder competitividad con aquellas que no lo hacen. Una vez más, todo es una cuestión de costos y precios.
Un tema para terminar. Tenemos una oportunidad para que las asociaciones pasen de ser actores educativos a convertirse en actores políticos, que defiendan los intereses de sus asociados ante los gobiernos. La educación no se puede dejar de lado, pero el lobby tampoco.
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